(Prof. Yuval Elbashan, publicado en Ynet)
El fallo judicial en Estados Unidos contra la segregación racial demostró que el martillo de los jueces tiene una influencia limitada sobre la realidad. Casi 70 años después de aquel debate en EEUU, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Israel se enfrenta al mismo desafío.
El día después del fallo en el caso "Brown contra la Junta de Educación de Topeka", los medios de comunicación estadounidenses advirtieron sobre la posible reavivación de la Guerra Civil. El revolucionario fallo de la Corte Suprema en contra de la segregación racial fue visto por la mitad de la nación como el salvador de la moralidad y como una victoria que rescató al país de la continua decadencia, mientras que para la otra mitad representó un cambio de poder que les arrebató sus derechos fundamentales. Siendo una nación que entendía profundamente el ominoso significado de la Guerra Civil, el miedo era palpable en cada rincón.
En efecto, el 17 de mayo de 1954 se considera un día crucial en la historia jurídica de la democracia estadounidense. En la tarde, la Corte Suprema anunció unánimemente que la doctrina de "separados pero iguales" que había respaldado la segregación racial, se declaraba nula y sin efecto. Estados Unidos en su conjunto quedó conmocionado. La sorpresa se debió a que apenas unos meses antes parecía claro que esta doctrina, respaldada por una abrumadora mayoría de más del 80% de los blancos del sur, prevalecería. Los informes filtrados de las discusiones internas de la Corte revelaron que la mayoría de los jueces apoyaban la continuación de la segregación, argumentando que era la voluntad del pueblo, tal como se expresaba en el Congreso. Incluso algunos jueces de la minoría que se oponían a la segregación argumentaron que anular la doctrina de esta manera tendría "consecuencias preocupantes" para la estabilidad de la democracia. "No es nuestra función", argumentaron, "sino del pueblo".
Pero durante las discusiones, el presidente de la Corte Suprema falleció y en su lugar nombraron a Earl Warren, quien hizo lo imposible y convenció a todos sus colegas de revocar lo que hasta entonces se consideraba casi como una ley natural. Ellos creyeron que en poco tiempo la segregación racial desaparecería de las escuelas, pero la realidad siempre es más fuerte que un fallo que intenta cambiarla. Así que, diez años después, solo alrededor del uno por ciento de los niños negros estudiaban sin segregación. La realidad en la vida diaria no había cambiado.
El presidente Warren se dio cuenta de esto rápidamente. Después de un año en el que parecía que la Guerra Civil entre el Norte y el Sur (que había terminado casi 90 años antes) se reavivaba, aprovechó otra petición que se presentó ante la Corte Suprema en ese momento para corregir la situación. Aunque repitió la ley que prohibía la segregación racial, añadió una pequeña frase: que la implementación de la prohibición se llevaría a cabo 'tan rápidamente como fuera posible'. Durante las discusiones internas de la Corte Suprema, otros jueces también expresaron abiertamente su temor que la aplicación inmediata de la prohibición llevaría a disturbios y a una nueva guerra civil. Todos entendieron el verdadero significado de 'tan rápidamente como fuera posible': era una autorización para que la parte ejecutiva avanzara gradualmente según su deseo.
La vergüenza de la segregación racial desapareció del mundo recién después de la promulgación de una ley en 1964, respaldada por una estricta aplicación por parte del Ministerio de Justicia (que detuvo el financiamiento de las escuelas que seguían segregando). Finalmente, el cambio necesario lo hacen la autoridad ejecutiva y la legislatura, como debe ser en democracia.
Quien conoce bien esta historia y sus implicaciones es la Presidenta de nuestra Suprema Corte de Justicia Esther Hayut.
Habiendo crecido en el sistema judicial (y no como muchos de sus predecesores dentro del Ministerio de Justicia o la academia), comprende las limitaciones del poder judicial para promover un cambio al que partes importantes de la sociedad se oponen. Ella es la primera en entender que en las herramientas legales se deben usar en casos como este exactamente como el presidente Warren enmendó: "con la mayor prudencia", es decir, con mucho cuidado.
Pero para que esto ocurra, se deben mantener las reglas del juego, comenzando por la obligación de obedecer las sentencias judiciales. Tanto para aquellos que creen que están equivocados en su fundamento como para aquellos que están convencidos de que están robando el poder del pueblo. Como demuestra la experiencia de Warren, las autoridades ejecutivas y legislativas tienen suficientes herramientas para equilibrar a un tribunal activista sin dejar de cumplir con sus decisiones. En el caso que tenemos ante nosotros, es bastante simple: deben preparar una Ley Fundamental que regule lo que amenaza con generar un caos constitucional aquí.
Si en los Estados Unidos y en un tema tan controvertido funcionó, no hay razón para que no funcione aquí en un tema bastante consensuado, cuando incluso los jueces más activistas prefieren que el pueblo, a través de sus representantes, determine su Constitución. Por lo tanto, no hay motivo para pasar por todo el viaje que tuvo que hacer Warren para lograr el resultado deseado. Parece que la presidenta Hayut es consciente de esto. Solo queda esperar que el gobierno y la Knesset también lo recuerden. Al final, esa será su prueba.
