Una jornada dramática en la Suprema Corte de Justicia de Israel

 

Tal como estaba anunciado,  hoy martes 12 de setiembre se dieron cita en Jerusalem todos los 15  Jueces miembros de la Suprema Corte de Justicia en una sesión histórica sin precedentes que duró más de 13 horas, la primera desde la fundación de Israel en la que participó en plantel completo de los magistrados.

Pero esto es histórico no sólo por ello sino también por el tema que convocó al tribunal: uno de los puntos más polémicos de la reforma judicial presentada en enero por el gobierno. Se trata de diversas apelaciones contra la recientemente aprobada enmienda de ley que elimina la autoridad de los Jueces Supremos para cancelar una ley o decisión del gobierno si las consideran “extremadamente irrazonables”. Es sólo uno de los puntos del plan presentado por el Ministro de Justicia Yariv Levin, pero lo crucial es no sólo que se ha convertido en un símbolo sino que por ahora es el único elemento que se ha convertido en ley.

La gran complejidad del desafío con el que deben lidiar los Jueces al decidir si aceptan las apelaciones y cancelan la enmienda en cuestión, es que dicha enmienda fue hecha en una Ley Fundamental, una de las que se consideran los capítulos de una futura eventual Constitución. Y la gran pregunta es si tienen autoridad para anular una Ley Fundamental o parte de ella.

De más está decir que este debate agudiza lo que es ya desde hace tiempo un creciente choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

La coalición de gobierno sostiene que los jueces no tienen esa autoridad, que no pueden cancelar una Ley Fundamental, a lo que sus críticos responden, entre otras cosas, que cualquier tema puede ser llamado como Ley Fundamental, pero que su promulgación no requiere ninguna mayoría especial y que eso socava en parte su fuerza y singularidad.

Si bien ya en el debate de este martes  quedó claro por variados comentarios de los Jueces Supremos, que no ven con buenos ojos la enmienda aprobada ya que limita la posibilidad de supervisión judicial, eso aún no significa que resuelvan aceptar las apelaciones. La propia Presidenta de la Suprema Corte Esther Hayut dijo que deben convencerse de que el daño que dicha enmienda causa a la democracia israelí y el gobierno de Derecho en Israel es tal, que justifica usar lo que llamó “el arma del Día del Juicio”, o sea abolición de una Ley Fundamental o parte de la misma.

De fondo hay dos concepciones muy distintas del significado de vivir en democracia.

La coalición, electa democráticamente, que tiene por ello mayoría parlamentaria de 64 escaños de 120, recalca continuamente que esos números le dan  el derecho de gobernar como considere y de promulgar las leyes que desee, porque “así lo quiso el pueblo que nos votó, que es el soberano”. No atribuimos esta cita a una figura en particular, ya que es una noción que se repite muy a menudo.

La mayoría parlamentaria electa por el voto del pueblo, es indudable y es legítma. Pero la respuesta de políticos y expertos que van por otro camino es que democracia no es solamente el gobierno de la mayoría sino mucho más que eso, ya que la mayoría, sin frenos, puede ser arbitraria y avasallante .

El Juez Supremo Itzjak Amit-que todo indica que al retirarse Hayut por edad dentro de poco, será su sucesor- comentó sarcásticamente que “decir que democracia es el gobierno de la mayoría, es quizás democracia de una comisión de decoración en 4° de escuela”. Dejó claro que el concepto profundo es mucho más amplio que cómo se llega a las urnas.

La coalición-por usar un término general que en realidad incluye a quienes apoyan el plan de reforma- sostiene que la Suprema Corte se atribuye desde hace años poderes que la ley no le dio y que se convierte a sí misma en un ente al que no se puede controlar. Los Jueces Supremos sostienen por su parte que ellos deben interpretar la ley y cerciorarse de que  no contradiga los derechos del ciudadano. Y que si el gobierno toma decisiones irrazonables que perjudiquen al ciudadano, el único sitio al que puede recurrir para pedir ayuda es a los tribunales.

Un problema clave de fondo es que según el gobierno, la Suprema Corte quiere estar por sobre los demás poderes e imponer su voluntad. Por su parte, los Jueces Supremos sostienen que en la situación actual , el Poder Legislativo (la Kneset) está supeditado a los deseos del Ejecutivo (el gobierno), ya que mientras éste tiene mayoría, logra legislar lo que desee . Y si a esta situación existente desde siempre en Israel – donde no hay otros controles porque el parlamento es unicameral y no hay Constitución – se agrega la enmienda ya aprobada, pues se está quitando a los jueces la posibilidad de frenar arbitrariedades y corrupción.

La coalición sostiene que con la cláusula de la irrazonabilidad, los jueces Supremos se colocan por sobre las decisiones del pueblo, presentándolos como un daño a la democracia. En realidad, la Suprema Corte ha sido sumamente cautelosa en el uso de dicho recurso y frenó 16 leyes o parte de las mismas en una década entera. O sea, 1.6 por año. Lejos está esto de  ser un uso desmedido de un recurso que está destinado a proteger a la población.

Desconocemos aún qué decidirán los Jueces Supremos. Pero más allá de ello, hay cosas de fondo que deben cambiar para que Israel recupere su curso normal. Sin un entendimiento entre las partes, la grieta se ahondará más, y no se llegará a ninguna solución.

Depende de todos los protagonistas lograr hallarla. A nuestro criterio, más que nada, del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad del poder.