El 12 de setiembre quedará registrado como un hito histórico en Israel

 

Faltan tan solo cinco días para un muy anunciado debate de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Israel, que ineludiblemente marcará la historia, sea cual sea su resultado. Por primera vez desde la creación de Israel, los 15 miembros de dicho tribunal se darán cita para analizar apelaciones que le han sido presentadas, concretamente contra la enmienda de ley aprobada hace ya varias semanas, limitando su propia autoridad para frenar y cancelar decisiones y nombramientos del gobierno.

No es secreto que Israel vive desde hace meses una situación singular, en la que la sociedad se ha  ido dividiendo a raíz del plan de reforma judicial presentado por el gobierno, que la protesta sostiene es en realidad “un golpe judicial” que apunta a cambiar las bases del Estado de Israel como Estado judío y democrático. Casi de más está recordar que la coalición alega que eso no es cierto y que con los cambios que presentan, “mejorarán” la democracia.

Pues lo que se tratará el 12 de setiembre es uno de los puntos claves en esta saga , el tema de la “irrazonabilidad extrema” de decisiones gubernamentales. Si bien no es el punto central de la reforma planteada y aseguran expertos diversos que tampoco el más importante-ni el más peligroso, dirán quienes lo critican- se ha convertido en un gran símbolo. Por su contenido y por haber sido el primero en votarse y aprobarse.

Dado que la enmienda fue en una Ley Fundamental , la coalición de gobierno recalca que cabe esperar que los Jueces Supremos decidan no intervenir, ya que nunca han frenado ese tipo de leyes básicas, que son consideradas capítulos de una futuro eventual Constitución. Por otro lado, la protesta y quienes se oponen en general a la reforma, recuerdan que más allá de su nombre, una Ley Fundamental en Israel no requiere ninguna votación especial para ser promulgada y basta con que decidan llamarla así, sea cual sea su tema. Además, advierten que quitar poder de supervisión al Poder Judicial equivale a coartar la democracia y depositar demasiada fuerza en manos del Ejecutivo.

Nadie puede asegurar que la Suprema Corte decida abolir la enmienda en cuestión. No es de descartar que los propios Jueces Supremos consideren que no deben tocar una Ley Fundamental, aunque discrepen con ella.

Pero la gran pregunta es qué ocurre si la Suprema Corte sí cancela la enmienda legal en cuestión . ¿Acaso alguien garantizaría que el gobierno acataría a los Jueces o habría una situación sin precedentes en que las autoridades decidan que hacen caso omiso de una decisión judicial? Por otro lado, los críticos de la Suprema Corte se preguntan : ¿Osarán los jueces decidir que ellos pueden más que el Parlamento que votó la enmienda?

Claro que quienes apoyan que la Suprema Corte acepte las apelaciones contra la enmienda y la cancele, sostienen que eso no significaría que los jueces quieren imponerse sobre el Parlamento electo, sino que consideran que el Poder Judicial tiene la obligación de proteger a la ciudadanía de eventuales excesos o decisiones indebidas del Ejecutivo.

Pues ayer miércoles se marcó un mojón complejo en el camino, cuando el Presidente de la Kneset, Amir Ohana, comentó la posibilidad que el 12 de setiembre los jueces Supremos cancelen la enmienda de la “irrazonabilidad” –y otra por la que también se ha apelado, relacionada a la permanencia del Primer Ministro en su cargo- y decida invalidarlas. 'La Knesset no aceptará su propia demolición', dijo Ohana. 'Propongo al tribunal y a sus jueces, a quienes respeto mucho, que reconozcan también las limitaciones de su poder'.

Desde la protesta, que incluye a numerosas organizaciones, reaccionaron furiosos, acusando algunos de sus líderes al presidente de la Kneset de lanzar “una amenaza apocalíptica contra el poder judicial en la víspera de las audiencias sobre el intento de cambio” y de tratar de “intimidar”.

Refiriéndose implícitamente al hecho que Ohana es un homosexual declarado, o sea parte de un colectivo que en repetidas ocasiones apeló ante los tribunales y fue a través de ellos que consiguió garantizar diversos derechos, le dijeron: “Recordaremos también a Ohana en este momento que sus derechos y los de su familia los obtuvo del Tribunal Supremo”.

La gran pregunta es qué ocurrirá si hay formalmente una crisis constitucional, en la que diversas instituciones, inclusive servicios del Estado, tengan que decidir a quién acatan, al gobierno o al Tribunal Supremo.  Es mejor no llegar a ese punto.

De todos modos, mientras tanto, ha habido nuevos intentos  a través del Presidente del Estado, Itzjak Herzog, de hallar una solución, que inevitablemente requerirá que ambas partes transen en algo. Por ahora no ha prosperado. Es preocupante, ya que una victoria “knock-out” de una de las partes, no aportará nada al pueblo de Israel.

Renunciar a democracia, no , jamás. Reconocer que hay cosas que pueden ser modificadas, sí,por supuesto.En eso tiene que pensar también el jefe de la oposición Yair Lapid, que por ahora no quiso participar en esos intentos de solución, ya que ha perdido toda la confianza en el Primer Ministro Netanyahu.

Y Netanyahu deberá decidir qué prefiere: aceptar las exigencias radicales de sus socios de coalición, que no quieren ceder nada, o seguir atascado en este plan de reforma que ha abrazado y que ya ha cobrado altos precios a Israel.