Vayamos primero a lo que ocurrió este sábado y luego analizaremos las responsabilidades por la problemática de los infiltrados africanos ilegales a Israel.
Este sábado 2 de setiembre algunas calles de la zona sur de Tel Aviv fueron escenarios de disturbios violentos que terminaron con más de 170 heridos, algunas decenas de ellos en grave estado, y con serios daños materiales a numerosos negocios y vehículos particulares. La enorme mayoría, civiles originarios de Eritrea, que años atrás se infiltraron ilegalmente a Israel por la frontera con Egipto,pero hubo también decenas de policías heridos cuando trataban de sofocar la violencia.
Publicaré en unos minutos mi análisis del complejo tema de los eritreos infiltrados ilegalmente a Israel ya años atrás, algunos de los cuales protagonizaron ayer estos serios disturbios violentos en Tel Aviv, choques entre quienes apoyan y quienes se oponen al régimen en su país. pic.twitter.com/RbUOLILOaf
— Jana Beris (@JanaBeris1) September 3, 2023
El estallido fue resultado del enfrentamiento violento entre eritreos que apoyan al régimen dictadorial en su país, encabezado por el Presidente Isaías Afwerki, y quienes se le oponen. Los primeros vestían remeras rojas y los otros, celestes. Al confirmarse que la Embajada de Eritrea en Tel Aviv organizaba un festival conmemorando el aniversario del comienzo de la guerra por la independencia del país de Etiopía, los activistas opuestos al régimen pidieron permiso a la Policía israelí para manifestar en contra. Por otra parte, el grupo de defensores del régimen, pidió su propio permiso para manifestarse a favor.
Afirmando que ambas partes le prometieron que los eventos de protesta serían pacíficos, la Policía aprobó ambas manifestaciones, destinando zonas separadas a cada grupo, pero según comentaron en la radio israelí activistas sociales de la comunidad eritrea, no se programó el tema debidamente y la distancia entre ambos no era suficiente. Varias figuras activas en la comunidad eritrea en Tel Aviv comentaron que han estado en las últimas semanas advirtiendo a la Policía que la violencia será fuerte y que lo mejor sería no autorizar el festival organizado por la Embajada. Según ellos, la Policía no captó debidamente las advertencias. Y finalmente, las “manifestaciones” se convirtieron en una verdadera batalla campal sumamente violenta, no solamente por los mutuos ataques entre las partes sino porque a ello se agregó un impresionante vandalismo que hizo estragos en las calles por las que pasaban los “manifestantes”, destrozando numerosos negocios y coches estacionados con palos, piedras y hachas, entre otras cosas.
De fondo siempre está la discusión acerca de si los infiltrados son realmente refugiados que huyeron de sus países ya que allí su vida corre peligro, o si son-como dice el gobierno- migrantes en búsqueda de trabajo y mejores condiciones económicas. Lo claro es que independientemente de su estatuto, todos aquellos que actuaron este sábado con violencia en Tel Aviv, deberían ser expulsados de Israel. El problema es que por la situación en Eritrea, esta gente se halla formalmente en situación de “protección colectiva” y no puede ser expulsada a su país de origen. La guerra civil en su país es cruenta y terrible pero no tienen derecho a traerla también a Israel.
Lo que es más que evidente es que no hay razón ninguna para permitir que permanezcan en Israel aquellos que defienden al régimen. Evidentemente, no se cuentan entre quienes corren peligro si vuelven. Pero en principio debería primero estudiarse formalmente su situación y las razones de su permanencia en Israel y recién luego se podría expulsar.
Recordemos que el fenómeno de los africanos que entraron ilegalmente a Israel por la frontera con Egipto comenzó gradualmente a mediados de los años 90 del siglo pasado y se intensificó seriamente en el 2007 . En el 2012 al completarse la construcción de la muralla en la frontera, prácticamente se detuvo la entrada. Pero quedó pendiente la problemática que todos aquellos que ya habían entrado.
El Primer Ministro, el Ministro de Justicia y el Ministro de Finanzas, entre otros, responsabilizaron a la Suprema Corte de Justicia por la situación. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia frenó distintas iniciativas lanzadas por el gobierno,pero siempre fue por considerar que debe garantizar que en Israel se respeten los derechos humanos también de quienes entraron ilegalmente al país. En tres oportunidades (2013, 2014 y 2015), la Suprema Corte dijo que las leyes que habían sido promulgadas para la detención de los infiltrados por tiempos prolongados, sin juicio, eran inconstitucionales. El gobierno lo presentó siempre como obstáculos que ponían los jueces para solucionar el problema, pero la realidad es que los jueces no impidieron que el gobierno tenga una política clara de inmigración.
Israel casi no dedicó tiempo y recursos a estudiar las solicitudes de los africanos de ser reconocidos como refugiados, lo cual habría permitido determinar quién merece recibir ese estatuto, quién puede ser expulsado y quién se puede quedar.
Hay razones para comprender también parte del trasfondo que explica esa negativa terminante a que parte de los africanos permanezcan en Israel. Prácticamente todos ellos se instalaron en los barrios sureños de Tel Aviv, de por sí en situación socio-económica complicada. Residentes de los mismos se quejan desde hace años de la difícil situación en la que viven, de la inseguridad, los casos de asaltos y cosas peores. En aquel momento estuvimos en la zona y entrevistamos a varios residentes locales. Sus testimonios no eran sencillos.
Es inmoral generalizar y manchar a un público entero,eso está clarísimo. Y evidentemente, la mayoría de los eritreos en Israel no participaron en la violencia de este sábado. Pero el problema es real,
Como era de esperar, el tema de los distubios en Tel Aviv se convirtió rápidamente en otro elemento de discusión política entre el gobierno de Netanyahu y la oposición,al acusarse a la Suprema Corte de bloquear soluciones propuestas por el gobierno para resolver el problema de los infiltrados ilegales desde Africa, cuya instalación más que nada en barrios del sur de Tel Aviv creó tensiones nada sencillas en una zona de por sí compleja desde un punto de vista socio-económico.
Lo increíble fue la forma en que el Primer Ministro Netanyahu distorsionó los hechos respecto a un hito que habría solucionado gran parte del problema. El 2 de abril del 2018 anunció festivamente que era un día histórico porque se había logrado un acuerdo ACNUR, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, según el cual 16.250 de los africanos que habían entrado ilegalmente a Israel dejarían el país y se dirigirían a Europa en coordinación con la ONU y financiados por la mencionada agencia. Yotro tanto, un número similar, podría permanecer en Israel, regularizarían su situación con estatuto de residentes temporarios por cinco años.
Aunque está todo registrado, este domingo dijo algo totalmente distinto, quizás pensando que alguien se habría olvidado o nadie volvería a los archivos. Al comenzar la sesión semanal del gabinete , tras acusar injustamente a la Suprema Corte de “rechazar todos los pasos que propusimos” para solucionar el problema, aseguró que “hay algo que no hicimos y que es bueno que no lo hayamos hecho : el modelo de la ONU”. Dijo que “quien propose ese modelo, está promoviendo algo que movería el problema hacia atrás”. Lo increíble es que él lo había aceptado explícitamente y hasta lo había anunciado por televisión. Pero un día después de hacerlo, se arrepintió, en gran medida por críticas internas en las redes , de figuras de la derecha y al parecer de su hijo mayor que suele interferir y presionar en asuntos de Estado, según han afirmado figuras que conocen esa problemática de cerca.
Tenía derecho a cambiar de opinión, sea cual sea la razón. Pero distorsionar las cosas tal cual lo hizo este domingo, es otra cosa.
En aquel momento, el 2018, cuando Netanyahu pactó con la ONU el acuerdo del que luego se retractó, había en Israel unos 35.000 africanos que habían entrado ilegalmente al país. Hoy en día hay cerca de 18.00 llegados de Eritrea y aproximadamente 5.500 de Sudán. Unos 2.200 abandonaron voluntariamente el país, unas pocas decenas volvieron a Eritrea, algunos a Canadá y otro país occidental y otros a Uganda.
El abogado Jonathan Yakubowicz, fundador del Centro de Política israelí de Inmigración, duro crítico de la Suprema Corte en todo este tema, considera que también el gobierno debería hacer más para hallar una solución, como por ejemplo revisar los pedidos de los africanos a fin de poder llegar a la conclusión si son o no refugiados. “Yo no tengo dudas que la enorme mayoría vinieron buscando trabajo”, nos dice, afirmando que en dos semanas en Israel, ganan el sueldo de un año entero en su país de origen.
Yakubowicz pide destacar algo clave: “Israel intenta alentar a esta gente a irse a otro país, dando 3.500 dólares a cada uno que lo hace por su propia voluntad, una suma generosa que no tiene parangón”.
Y en medio de la discusión sobre qué hizo y qué debe hacer Israel, es importante recordar que muchas de estas personas, sean refugiados o migrantes, llegaron a la frontera entre Egipto e Israel tras una dura travesía por el Sinaí, encontrando del lado israelí a soldados de Tzahal que les salvaron la vida. Del lado egipcio les disparaban y aquí los soldados les daban agua, comida, tratamiento médico y los ayudaban a cruzar. Recabamos directamente testimonios en este sentido en distintas oportunidades, conversando con ellos. Podía tener en distintos momentos críticas al gobierno sobre lo que hacía o dejaba de hacer, pero nos decían que jamás olvidarían la actitud humana y noble de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel con los que se encontraron en la frontera.
Ana Jerozolimski
Directora Semanario Hebreo Jai
(3 de Septiembre de 2023)
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