Entre tristeza y preocupación.

No sólo quienes apoyan a Biniamin Netanyahu tienen motivos para sentirse mal con los últimos acontecimientos. También quienes desean verlo fuera de su cargo. Haber llegado al momento en que el Fiscal General resuelve imputar al Primer Ministro por sospecha de haber recibido  soborno, por fraude y abuso de confianza-previa audiencia en la que puede intentar disuadirle al respecto- es un día triste para Israel. Es la primera vez que ello ocurre con un Primer Ministro en funciones.

Es sí también un día de orgullo por quedar en evidencia el principio de la igualdad ante la ley, por ver que nadie está por sobre el gobierno de Derecho. Pero aunque rescatemos este elemento- nada obvio por cierto en la región y tampoco en otras partes del mundo- ver a un jefe de gobierno electo democráticamente en esta situación, no es motivo de alegría.

Como era de esperar, la confirmación de la decisión de la Fiscalía General, tras más de dos años de investigaciones, desata una tormenta en Israel, no sólo por la gravedad misma de los cargos sino por el hecho que dentro de 40 días se va a elecciones y Netanyahu sigue siendo por ahora el candidato de su partido Likud a la jefatura de gobierno.

Por ley, Netanyahu no tiene obligación de dimitir hasta que no sea hallado culpable en una instancia en la que no hay ya posibilidad de apelación. Eso no significa sin embargo que pueda –o deba-seguir adelante como si nada hubiera pasado. Es cierto que Netanyahu es inocente en tanto no se haya demostrado en juicio lo contrario. Pero cabe preguntarse si acaso está bien desde un punto de vista público que siga en su cargo y más que nada, si acaso un país como Israel, con tantos desafíos con los que lidiar, puede permitirse tener un Primer Ministro ocupado en su propia defensa ante los tribunales.

Ya lo había dicho años atrás el propio Netanyahu, cuando era jefe de la oposición, al exigir la renuncia del entonces Primer Ministro Ehud Olmert, aunque en aquel momento ni había recomendación policial de acusarlo sino solamente investigación no concluida: “En un país como Israel, el Primer Ministro no puede estar hasta el cuello inmerso en sus investigaciones”. La situación de Netanyahu hoy es mucho más comprometida que lo que era la de Olmert en aquel momento. Olmert dimitió el 30 de julio del 2008 y fue procesado recién un año después de su dimisión.

Hasta que se sepa definitivamente en qué termina todo, si es definitiva la decisión de imputar a Netanyahu, puede pasar aproximadamente un año. El gran problema es que de por medio están las elecciones del 9 de abril para las que Netanyahu sigue siendo candidato a Primer Ministro, lo cual complica por cierto la situación.

Tristeza, decíamos…y preocupación.

El motivo de preocupación es la reacción de Netanyahu que airado por la decisión de la Fiscalía, dice que ésta fue producto de presiones de la izquierda para quitarlo del poder, dado que “no pueden ganar en las urnas”. Sostiene que él y su familia fueron “víctimas de una cacería sin precedentes que tiene como objetivo derribar al gobierno de la derecha”.

El problema no radica en que insista que es inocente. Ni en que vaticine que “todo se desmoronará como un castillo de naipes”. Tiene derecho a decirlo. Además, ojalá que así sea. El problema es que a pesar del detallado material publicado sobre las pruebas en su contra, prefiere acusar a las instituciones , de hecho al gobierno de Derecho mismo, quitarles legitimidad a ojos de aquella parte de la ciudadanía que puede creerle, para presentarse como víctima.

En este punto, el Primer Ministro actúa con irresponsabilidad. No porque puede convencer a sus seguidores a votarlo nuevamente a pesar de todo, sino por el daño que hace al sistema judicial al presentarlo como vendido a la oposición por consideraciones políticas. Un sistema judicial así, si fuera cierto, sería indigno de su prestigio y  de la confianza de la ciudadanía.

Netanyahu debe cambiar de rumbo. Tiene absoluto derecho a defenderse si está convencido de su razón. No tiene derecho a poner su interés personal de supervivencia política por sobre el interés nacional, lanzando acusaciones difamatorias contra todo el sistema jurídico que lo investigó y ahora decidió imputarlo.