El Primer Ministro, a juicio
Por primera vez en la historia del Estado de Israel, un Primer Ministro en funciones es enviado a juicio. Biniamin Netanyahu, el jefe de gobierno que lleva más tiempo en el poder, un político inteligente y sumamente capaz, será imputado por sospecha de soborno, fraude y abuso de confianza. Así lo confirmó este jueves el Dr. Avihai Mandelblit, a quien el propio Netanyahu nombró años atrás para el cargo de asesor jurídico del gobierno, la figura que tiene la autoridad de tomar las decisiones al respecto.
Lo hizo, claro está, previo estudio concienzudo del material investigado por la policía, en consultas intensas con su equipo en el Ministerio de Justicia, y tras haber dado inclusive cuatro audiencias especiales a los abogados de Netanyahu a comienzos de octubre, para que puedan plantear todos los argumentos que sentían no habían sido escuchados o debidamente expuestos, antes de ser tomada una decisión.
Mandelblit aseguró que la decisión estaba basada pura y exclusivamente en las pruebas, no en ninguna consideración ajena a la necesidad de hacer respetar la ley. “La imposición de la ley no es optativa. Es nuestro deber. No hay aquí cuestión ninguna de política, ni de derecha ni de izquierda”.
Es lamentable que haya sentido la necesidad de aclarar lo que debería ser obvio. Su aclaración es producto de meses de campaña del propio Primer Ministro y varios de sus copartidarios más cercanos, criticando abiertamente la investigación en su contra y a todos los involucrados en el proceso, meses de intentos de quitar legitimidad a la policía, al propio Mandelblit, los juristas del Ministerio de Justicia, los jueces, los medios de comunicación.
Esta es la gran sombra del caso, más allá de la imputación misma al Primer Ministro. Y se vio oscurecida más aún por la reacción de Netanyahu al anuncio de Mandelblit, media hora después que éste confirmara la decisión de mandar al Primer Ministro a juicio. Netanyahu lo acusó de intentar un “golpe” para quitarlo del poder. Aseguró que la investigación estaba “contaminada” y exigió “investigar a los investigadores”.
Netanyahu tiene todo el derecho del mundo a considerar que la policía y los juristas se equivocan, a creer que interpretaron mal todas las “pruebas” en base a las cuales se tomó la decisión. Tiene todo el derecho del mundo por cierto a defenderse y hasta es inocente evidentemente en tanto no haya sido demostrado lo contrario.
Pero a nuestro criterio, no tiene derecho a ensuciar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en el gobierno de Derecho de Israel. Son las mismas instituciones que llevan sobre sus hombros el peso de imponer la ley en la inmensa variedad de temas que hacen a la vida de un país. También en temas que atañen inclusive a la parte legal de los desafíos de seguridad. No puede ser que por su enojo, sea auténtico o una puesta en escena al temer que se acerca su fin político, esté dispuesto a quitara a esas instituciones toda credibilidad a ojos de la población y de la comunidad internacional.
La gran luz en esta situación es destacar la independencia del Poder Judicial y la igualdad en Israel ante la ley. No es sobreentendido que ello se cumpla en cualquier democracia.
En Israel, ya se ha enviado a un Presidente (Moshe Katzav) a prisión por violación, a ministros y diputados por distintos cargos de corrupción. Y hasta un ex Primer Ministro, Ehud Olmert, estuvo preso 16 meses por corrupción. El que varias figuras electas por la ciudadanía hayan incurrido en violaciones de la ley que avergonzaban la confianza que se había depositado en ellas, fue una terrible sombra. El que el sistema judicial israelí no les haya dado privilegios por ser políticos y poderosos, es una luz que nunca se debe apagar.
Ana Jerozolimski
Directora Semanario Hebreo Jai
(21 de Noviembre de 2019)
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